Santo Domingo,
El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, afirmó este miércoles que las acciones delictivas que se han producido en el país en los últimos días en contra de dos nacionales haitianos encontrados asesinados, además del robo a la residencia del embajador haitiano Fritz Cineas, obedecen a hechos aislados que las autoridades dominicanas dan respuesta contundente de inmediato, y que en ningún modo responden a la política oficial del Gobierno dominicano, por lo que calificó de "inaceptable que se acuse al país de racista y xenofobia frente a esa vecina nación".
El funcionario se expresó en esos términos en una carta de protesta en respuesta a otra comunicación remitida por su homólogo de Haití Pierre Duly Brutus en la que acusa a la República Dominicana de aplicar políticas racistas y xenofóbicas en contra de los haitianos que residen en el país.
Navarro dijo en su comunicación al canciller Brutus que el país ha recibido la misiva haitiana con "sorpresa", ya que en ella se asumen hechos que si bien ocurrieron en la República Dominicana, "de ningún modo responden a la política oficial del gobierno dominicano".
Recordó que en el caso del robo a la residencia de Cineas, hecho ocurrido el 5 de febrero pasado, se trató de una acción puramente delictiva que las autoridades policiales y judiciales enfrentaron y esclarecieron de inmediato, con apresamiento de los implicados y su consiguiente sometimiento a la justicia.
Expuso que un juez dictó medidas de coerción económica contra los implicados en el robo, además de presentación periódica, por lo que el Ministerio Público apeló de inmediato porque había solicitado el encarcelamiento de los imputados.
"Esta fue una forma contundente del Gobierno dominicano actuar ante la situación. Pero debo recordarle que en la República Dominicana el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, como expresión de un Estado de Derecho de nuestro país", subrayó Navarro en su misiva a su homólogo Brutus.
Aclaró que con relación al asesinato del nacional haitiano Henry Claude Jean, encontrado muerto en un parque de Santiago el pasado 11 de febrero del año en curso, "debo informarle que las autoridades dominicanas realizan una exhaustiva investigación con la finalidad de establecer las causas y responsables de tan inaceptable hecho criminal".
Dijo que con relación a lo ocurrido al nacional haitiano Lujis Jhoset, asesinado en el municipio de Comendador el pasado 18 de febrero, "igualmente las autoridades dominicanas están en la fase investigativa, en una labor conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, y una vez se tengan las conclusiones, los responsables serán sometidos de inmediato a la justicia".
Señaló que "la existencia de grupos en la sociedad dominicana que expresan actitudes en contra de Haití, en ningún caso son compartidas por el Gobierno del presidente Danilo Medina, sino que se trata de la expresión de las libertades propias del Estado de Derecho" y que mientras ese segmento de la población no viole el orden jurídico que rige la nación dominicana, "no se le puede imputar responsabilidad alguna al gobierno dominicano".
Precisó que "acusar a la República Dominicana de racista y xenófoba no se corresponde con la realidad de centenares de miles de ciudadanos haitianos que conviven pacíficamente en toda la extensión del territorio nacional, dedicados a labores productivas, asistiendo a hospitales, escuelas y disfrutando de otros servicios públicos".
Manifestó que los hechos delictivos aislados en los cuales han resultado víctimas nacionales haitianos, no pueden interpretarse como acciones que corresponden a una política de Estado o a una actitud colectiva de la población dominicana, "pues señor ministro, no ha habido un pueblo y un país más solidario en el mundo con Haití, que la República Dominicana".
Recalcó al ministro Brutus que en materia de derechos humanos y derechos de inmigrantes, el Gobierno dominicano se ha abocado al más amplio e integral Plan de Regulación conocido en toda la región, disponiendo de 24 oficinas distribuidas a nivel nacional con servicios completamente gratis, con una inversión superior a los 1,200 millones de pesos.
"El mundo sabe que hemos hecho ingentes esfuerzos para que el gobierno haitiano cumpla con su obligación constitucional de dotar de documentación de identidad a sus ciudadanos, permitiendo con esta medida el buen funcionamiento del Plan de Regulación y, sin embargo, hasta ahora la respuesta del gobierno haitiano ha sido muy limitada. Por esa razón hemos observado diferentes manifestaciones escenificadas en la capital dominicana en las que ciudadanos haitianos han expresado su descontento por la falta de apoyo de su gobierno, así como por los altos precios de los documentos".
Recordó que otra demostración de solidaridad con los inmigrantes haitianos con estatus de ilegales en el país fue la que exhibió el gobierno dominicano cuando se estableció detener las repatriaciones de indocumentados haitianos mientras se ejecutara el Plan de Regularización.
"Señor canciller Brutus, en el país no se realizan repatriaciones de inmigrantes haitianos irregulares desde el 2013, y sin embargo, aunque, al mismo tiempo, la Dirección General de Migración cumple con su mandato de controlar el ingreso irregular al territorio nacional, tal como lo hacen todas las naciones organizadas del mundo", agregó Navarro en su misiva.
Navarro se quejó en su misiva a Brutus en nombre de la República Dominicana que "el tono de su comunicación es menos oportuno en un contexto en el cual reiteradamente nuestros consulados y la embajada dominicana en ese vecino país han sido objeto de protestas y actos vandálicos sin que ninguna autoridad haitiana mediara de inmediato para tratar de evitar esos desagradables hechos contra las dotaciones diplomáticas dominicanas".
El canciller Navarro se refirió a las últimas agresiones ocurridas en los últimos meses en contra del consulado dominicano Juana Méndez, el pasado primero de diciembre del año pasado, acciones delictivas que afectaron la edificación, causando cuantiosos danos, así como la agresión al consulado ubicado en Anse a Pitre el 2 de enero de este ano, por parte de un grupo de pescadores haitianos "sin que en ningún caso las autoridades haitianos ofrecieran la debida protección a las dotaciones diplomáticas dominicanas".
Expuso que "lo ocurrido este miércoles cuando un grupo de manifestantes haitianos apedrearon el consulado dominicano en la ciudad haitiana de Puerto Príncipe y violentar la bandera dominicana, son hechos que nunca se han producido en la República Dominicana contra las instalaciones diplomáticas haitianas".
Navarro calificó de "totalmente inaceptable" que su homólogo Brutus haya exigido a la República Dominicana que respete sus obligaciones convencionales sobre lo cual hemos dado muestras fehacientes de cumplimiento y responsabilidad".
Asimismo, explicó que la misiva de Brutus tampoco se corresponde con el entusiasmo con que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana ha trabajado los asuntos del verdadero intercambio bilateral, desde la Comisión Mixta donde reposan iniciativas que siendo de alto interés para el desarrollar insular, no han merecido la debida atención de su gobierno. Si nosotros no le hacemos a usted un llamado a que cumple con esas obligaciones, es porque somos respetuosos del manejo de vuestra agenda y situación interna. Pero además, entendemos que con ese tono no se contribuye al necesario ambiente de convivencia que debe imperar siempre entre los dos pueblos".
Protestan por maltratos en Puerto Príncipe
Miles de haitianos se manifestaron en las calles de Puerto Príncipe para protestar por las muestras de racismo y el maltrato que, aseguran, sufren los inmigrantes de este país en suelo dominicano.
Varias agrupaciones civiles convocaron este movimiento, entre los que se destaca el "Colectivo 4 de Diciembre", que llamó a los participantes a establecer un boicot a los productos procedentes de la República Dominicana, como muestra de rechazo ante lo que consideran una violación de los derechos humanos.
"Queremos ver signos claros de que las autoridades no toleran el comportamiento de los grupos ultranacionalistas, queremos ver acciones que castiguen estas actuaciones de forma que sirvan de ejemplo para que no se repitan", dijo.
Muchos manifestantes portaban banderas haitianas, así como pancartas, algunas de ellas con imágenes del líder de la Revolución haitiana, Jean-Jacques Dessalines, otros con consignas como "La República Dominicana es un país racista" o "No a la violencia".
Incluso, en la marcha se vieron carteles con la foto del cadáver de un ciudadano haitiano que apareció colgado de un árbol en un parque de la ciudad Santiago.
A la llamada respondieron miles de personas procedentes de grupos muy heterogéneos de la sociedad haitiana, que se unieron en causa común, lo que provocó el incremento de la presencia policial en edificios institucionales como el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como en la embajada de la República Dominicana en el país.
Ante el anuncio de la protesta, todas las dependencias dominicanas reforzaron la seguridad, hasta el punto de que las fuerzas del orden cortaron el acceso a la sede de la representación diplomática en Haití, con el objetivo de evitar un posible asalto.
Aún así, el embajador, Rubén Silié Valdez, recibió a una delegación de los convocantes de la protesta, quienes le presentaron sus reivindicaciones, que pasan por que el Gobierno dominicano tome las medidas necesarias para castigar a quienes desarrollan y promueve actitudes xenófobas y racistas.
"Queremos ver signos claros de que las autoridades no toleran el comportamiento de los grupos ultranacionalistas, queremos ver acciones que castiguen estas actuaciones de forma que sirvan de ejemplo para que no se repitan", dijo.
