Insisten subir penas a menores

Santo Domingo,
Dos miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados defendieron ayer los cambios que se han propuesto para el Código del Menor, para aumentar las penas, y rechazaron que esto choque con la Constitución.

Mientras que el abogado Vinicio Castillo Semán propuso al Congreso Nacional agregar un artículo al Código del Menor, que faculte a los jueces en casos graves de asesinato, homicidio, estupro y narcotráfico cometidos por menores, a evaluar en cada caso particular si éstos han actuado con discernimiento suficiente para ser juzgados como mayores de edad que, según dijo, es la tendencia de la jurisprudencia en sociedades avanzadas.

Los diputados Henry Merán y Juan Morales, miembros de la subcomisión que estudia el proyecto sometido por el ex diputado Alejandro Montás respaldaron la pieza legislativa, mientras que Ruddy González, miembro de la Comisión de Justicia, considera necesario que los distintos sectores de la población sean consultados mediante vistas públicas en torno a la modificación del Código.

Merán anunció que el próximo lunes la subcomisión se reunirá para elaborar el informe que le presentará a la comisión, el cual luego será presentado en el hemiciclo.

Explicó que el pasado lunes escucharon a las instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y ellos les manifestaron que el aumento de la pena a los menores no es la solución de la criminalidad, como también se establece en los convenios internacionales.

Sin embargo, sostuvo que a pesar de que diferentes sectores de la sociedad se sienten abrumados por la cantidad de crímenes cometidos por menores, la comisión aún no tiene una posición acabada.

Según Merán no es cierto que la propuesta de modificar el código choque con la Constitución como alegan varias instituciones que entienden que cualquier modificación de la legislación contraviene la Carta Magna y los convenios internacionales de los cuales es signataria la República Dominicana.

“Yo como abogado te digo que la constitución en principio no la viola, lo que estamos hablando es de establecer mayores penas a una infracción. Ahora bien, hay tratados internacionales que lo que procuran más es que el aumento de la pena es la reinserción social del menor infractor”, manifestó.

Para Morales no es cierto lo que opinan esas organizaciones, porque el Código del Menor es una ley aprobada por el Congreso y, por lo tanto, es el Poder Legislativo que está en facultad de modificarlo cuando lo considere.

Mientras que González considera necesario que el proyecto sea consensuado y se escuche a los sectores que tienen que ver con la niñez para que la decisión que se tome no contravenga la Constitución ni acuerdos internacionales.

En tanto que Castillo Semán, en nota de prensa, señaló: “Hay mucha gente teorizando sobre este tema, queriendo meter la cabeza debajo de la tierra para en nombre de la protección de la infancia, no darse cuenta de lo que está ocurriendo”.

Sostuvo que en la actualidad el Código del Menor “es una impunidad legal”, porque, a su juicio, otorga licencia para matar, traficar con droga y cometer delitos graves, con la conciencia previa de que no se tendrán que enfrentar sanciones severas.

El jurista entiende que eso es un factor multiplicador del crimen en la organización de bandas, en combinación con mayores de edad.

Consideró que las personas menores de 18 años entienden que pueden cometer cualquier crimen, porque solo les pueden dictar una medida de coerción de prisión preventiva máxima de 30 días, una condena definitiva de cinco años y su nombre no puede aparecer en ningún medio ni en ningún registro.

Dijo que esto se convierte en una gran tentación para que se involucren en actividades criminales y sean reclutados como sicarios.

Experiencia en EUA y UE

Castillo Semán opina que “la solución no es endurecer las penas previstas, sino quitarle a los jueces la camisa de fuerza legal que tienen hoy, para que puedan soberanamente evaluar si el autor de hechos graves debe ser juzgado como mayor de edad, tal y como ocurre en los Estados Unidos y en Europa, que son igualmente, como República Dominicana, signatarios de convenciones internacionales de protección a la niñez.