Santo Domingo,
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Jorge Subero Isa, alertó este viernes a la sociedad que debe prepararse para enfrentar seis grandes desafíos en los próximos 5 años, los cuales impactarán en la administración de justicia, citando entre ellos la inseguridad ciudadana derivada del narcotráfico, el lavado de activo, el terrorismo y la delincuencia, los que dijo tienen que ser enfrentados por las autoridades.
Subero Isa dijo igualmente, que la independencia del Poder Judicial, ya no es un problema en el país, porque funciona de manera independiente, mientras que la mayoría de las nacionmes del área están todavía en plena faena por lograr esta anhelada autonomía.
Afirmó que la justicia dominicana rebasó satisfactoriamente la primera ola de reformas de la Judicatura, contrario a otros países de América Latina que todavía luchan por la independencia de ese poder del Estado.
Dijo no creer que haya forma de combatir el problema de la inseguridad desde una perspectiva estrictamente policíaca-militar, porque el problema es mucho más complejo y que en la medida en que los estados no asuman una estrategia verdaderamente integradora e integral del problema, el mismo no será resuelto.
El presidente de la Suprema negó igualmente, que la seguridad ciudadana sea un asunto de percepción, sino que es una realidad.
Subero Isa pronuncio un discurso con motivo del día del Poder Judicial, acto al que asistió el presidente Leonel Fernández, acompañado de la primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, el vicepresidente, Rafael Alburquerque y el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña.
También asieron invitados especiales, miembros del cuerpo diplomático, del gabinete gubernamental, del Congreso Nacional, jueces, fiscales, abogados y directores de medios de comunicación, entre otros.
El presidente del máximo tribunal de alzada indicó que el año 2010 nos dejó una estela de crímenes y delitos que llenaron de asombro y de preocupación a la sociedad dominicana.
Expresó que no ha habido un solo sector de la sociedad que no se haya manifestado a favor de mejorar los niveles de la seguridad ciudadana, observando que algunos medios de comunicación han expresado que “los hechos violentos de este tipo no son nada nuevo en la realidad nacional".
Sin embargo, dijo que llama la atención el carácter horrendo y sanguinario que caracteriza a muchos de ellos con violaciones, asesinatos y ejecuciones al estilo del ajuste de cuentas.
Manifestó que el tema ha sido de tal preocupación que ha motivado que los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Mar de Plata, Argentina, acordaran aunar esfuerzos para combatir dicho mal considerando que el incremento de éste ha generado un aumento en los índices de violencia en la región con un impacto negativo en el bienestar, la seguridad y el desarrollo económico de nuestras sociedades.
Citó que el presidente de la República, doctor Leonel Fernández declaró recientemente en el marco de esa Cumbre, que el tema de la seguridad se ha convertido en un desafío de carácter global que domina la agenda en toda América Latina, por lo que propuso una cumbre de ministros de la región; que la violencia que genera el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, está llevando intranquilidad y desasosiego a las familias latinoamericanas.
Dijo que muchos consideran que la inseguridad de los ciudadanos y con ella de todos los habitantes, es un monstruo que acecha a muchos de los países de América y se pretende hacer depender su desaparición de la acción represiva que las autoridades judiciales le den a quienes presuntamente han incurrido en acciones delictivas.
Manifestó que de ahí que algunos sectores propongan que en nombre de la seguridad ciudadana se priorice el último mecanismo cautelar de coerción penal, como lo es la prisión preventiva, asignándole un papel tranquilizador o efectista bajo la sombra de prácticas jurisdiccionales paulatinamente más restrictivas de los derechos fundamentales y contrarias a las aspiraciones democráticas de un modelo de justicia y organización política.
Indicó que en países como Costa Rica, donde los niveles educacionales tienen altos estándares de calidad y sus instituciones tradicionalmente han sido ejemplos a seguir, su pasado Presidente de la República, doctor Oscar Arias Sánchez, afirmó en una ocasión que la seguridad ciudadana representa un problema real y no solo un asunto de percepción a través de los medios de comunicación, lo cual reiteró por ante el Congreso de esa Nación, al afirmar: “No hay nada irreal en ese dolor, no hay nada de imaginación en ese mied”.
Dijo que cuando se procede al examen de las condiciones que contribuyen a la delincuencia, se reconoce generalmente que ésta no se puede atribuir a una única causa, sino que resulta de la interacción de un grupo numeroso y variado de factores, entre lo que citó la pobreza, desempleo, brutalidad y abusos sexuales, analfabetismo, fracasos escolares, viviendas inadecuadas, familias disfuncionales y otros.
Indico que “cualquiera que sea el estado real del crimen, la percepción de falta de cumplimiento de la ley puede provocar nostalgia hacia un régimen autoritario: puede incitar al público a pedir el uso del ejército en actividades policíacas y hasta apoyar el regreso a la falta de libertades civiles”.
Manifestó que en otros países se han ensayado algunas propuestas para la preservación de la seguridad ciudadana, como la de tolerancia cero, ligada a la política de las ventanas rotas, aplicada en la ciudad de Nueva York, auspiciada por el entonces gobernador Rudolf Giuliani; la de política de mano dura; la del incremento de la prisión preventiva y la eliminación para ciertos delitos de las otras medidas de coerción; la especialización de jurisdicciones de jueces sin rostros; el endurecimiento de las penas..
Dijo que las críticas negativas de que han sido objeto esas propuestas, merecen ser tomadas en consideración en la República Dominicana, “donde somos muy dados a importar modelos que en más de una ocasión han chocado con la realidad nacional”.
En cambio, dijo que México se produjo un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos”.
Subero Isa dijo que algo parecido había sugerido, sin mayores éxitos, en octubre del pasado año, para analizar el problema de la criminalidad y la delincuencia en nuestro país.
Expresó que comparte la opinión de otros en el sentido de que el futuro de nuestra democracia depende en gran medida de la capacidad de los gobernantes, de la consistencia de las instituciones, del Estado, de los propios ciudadanos, de la calidad de sus prácticas democráticas y de su compromiso con la República.
Manifestó que no cree que haya forma de combatir el problema de la inseguridad desde una perspectiva estrictamente policíaca-militar, porque el problema es mucho más complejo y que en la medida en que los estados no asuman una estrategia verdaderamente integradora e integral del problema, no se va a resolver dicho problema.
Afilrmó que no se requiere ser mago para predecir que en el futuro las medidas tendientes a la preservación de la seguridad ciudadana irán cada vez más ganando terreno en detrimento del respeto de los derechos fundamentales.
Protección de las personas de la tercera edad
Apuntó que otros de los desafíos son la administración de justicia para las personas de la tercera edad, así como la condición entre la protección a la vida y el derecho a la información.
Significó que en muchos países, la gente de edad avanzada con derecho a pensiones financiadas por el gobierno, servicios de salud y cuidado de largo plazo, pronto excederá en número la fuerza laboral, cuyos impuestos ayudan a financiar dichos beneficios. Hay un proceso de envejecimiento global.
Manifestó que en el caso de la República Dominicana el asunto tiene mucha importancia, pues la Constitución dispone en su artículo 57, relativo a la protección de las personas de la tercera edad, que la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Pero además, la vigente legislación penal establece una serie de facilidades y privilegios a las personas mayores de 60 años.
La conciliación entre la protección a la vida privada y el derecho a la información
Indicó que la Constitución establece en su artículo 43 que se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo, pero que al mismo tiempo se protege y consagra la libertad de expresión e información en su artículo 49, para lo cual dispone que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa; el Párrafo de dicho artículo textualmente dice: “El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”.
Consideró que un gran desafío es cómo conciliar el derecho a la privacidad con la realidad de esa invasión a nuestra vida privada. El asunto ha adquirido tal gravedad en el país.
Citó que en los en Estados Unidos de América existen protocolos para resguardar la privacidad de los jueces.
Indicó que algunos países han adoptado medidas que cada vez más tienen por finalidad regular el acceso a los medios electrónicos de comunicación, lo cual podría chocar con el derecho a la información.
En este sentido, dijo que es preciso tomar en cuenta seis recomendaciones formuladas por la ONU para la libertad de opinión y de expresión, expresado por Frank LaRue y la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Catalina Botero, llamando la atención a los estados para que tengan en cuenta determinados principios internacionales al momento de llevar a cabo dichas regulaciones.
Subero Isa dijo que solamente a través de la aplicación de principios éticos se podría regular la situación, o en todo caso del buen comportamiento individual de cada uno de los ciudadanos.
Protección de Medio Ambiente y recursos naturales
Dijo que la búsqueda del ideal de desarrollo humano sustentable, como garantía de un mejor estándar de vida para nuestras futuras generaciones nos plantea el desafío de la protección del medio ambiente. La relación del ser humano con su entorno, y en especial con su medio natural, debe ser recreada al interior de las relaciones sociales; de manera que nuestro vivir en sociedad integre el cuidado y el mantenimiento adecuado del medio ambiente como garantía de una vida sana.
Expresó para esto requiere soluciones conjuntas por tratarse de un problema que afecta a todo el mundo, que es responsabilidad y compromiso de todos ante la realidad y efectos sociales y ambientales, lo que ha puesto en riesgo la sobrevivencia del planeta tal como lo manifestaron las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres de Cancún y Mar de Plata el pasado mes de diciembre.
Entiende que el Poder Judicial ha adoptado medidas tendientes a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, como son las acciones emprendidas en algunas áreas para la implantación del escritorio cero papel, dentro de nuestra política pública de la e-justicia (justicia electrónica).
En cuanto sexto y último desafió sobre el aprovechamiento de las TICs en la administración de justicia, apuntó que el Poder Judicial está totalmente conciente s de que los recursos económicos son fundamentales para una buena administración de justicia. Pero que también entiende que la gestión en sus diferentes manifestaciones y con ella el aprovechamiento de las TICs y la virtualidad juegan un papel importante, razón por la cual debemos de sacarle el mayor rendimiento.
Expresó que las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra forma de vivir. Lo que antes tardaba días, semanas y meses para ser conocido, hoy llega a nuestro conocimiento de manera instantánea o casi instantánea.
Sostuvo que la administración de justicia no puede permanecer ajena a esa realidad. Debemos no solamente aprovecharnos de ella sino también obtener el mejor rendimiento.
Dijo que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la ya mencionada Cumbre de Mar de Plata y quienes por primera vez suscribieron la declaración mediante firma digital y no sobre papel, como era lo habitual, aprobaron en dicha Cumbre el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia.
Consideró que este instrumento utilizará las nuevas tecnologías para agilizar y abaratar los procedimientos judiciales al tiempo que permitirá, por ejemplo, que un testigo o víctima protegidos puedan declarar sin peligro por videoconferencia desde el país en que vivan sin necesidad de desplazamiento.
Subero Isa ofreció un informe detallado sobre el desempeño de la judicatura nacional durante el pasado año, en una audiencia en la Sala Augusta de la Suprema.
El magistrado Subero Isa agradeció al presidente Fernández la construcción del Palacio de Justicia de Hato Mayor, en la Región Este del país, y la inauguración de otras obras de apoyo al sistema judicial.
Otros de los asistentes al acto fueron el ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, el presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, y el Jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez, al igual que el nuncio apostólico de su Santidad, monseñor Józef Wesolowski, y representantes del cuerpo consular y diplomático acreditado en la República Dominicana.
Estuvieron presentes también el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, y los ministros de Educación, Melanio Paredes y de Trabajo, Max Puig, entre otras personalidades.
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