Santo Domingo,
Los jueces de Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Pilar Rufino, Daniel Nolasco y Daira Medina, condenaron este viernes a 30, 20 y 15 años de cárcel a cinco de los nueve acusados de integrar la red de sicariato del boricua José David Figueroa Agosto, encontrados culpables de cometer varios crímenes. Los magistrados tomaron la decisión, de condenar a Winston Rodríguez Tavares 30; José Miguel Rodríguez Almonte 30; a José Aníbal Hidalgo, 30, a Gean Enrique Rojas Matos, 20 y Ricardo Pérez Mateo 15 años, tras ser encontrados culpables de los cargos que les imputó el Ministerio Público.
En tanto que cuatro fueron descargados: Wilhen Ortiz de los Santos (Bobolo), Diomedes Moya, José de la Cruz Paredes y Joel Antonio Medina, por no existir elementos de prueba vinculantes a los hechos.
Igualmente, los jueces fijaron la fecha de la lectura integra de la sentencia para el 12 de marzo, quedando citadas las partes involucradas al proceso.
Los jueces comenzaron la audiencia pasadas las 10:00 de la mañana, luego salieron a deliberar a las 12:05 de la tarde y subieron al estrado para dar inicio a la lectura del dispositivo de la resolución de la sentencia, a las 8:20 de la noche.
Al inicio de la lectura, el tribunal fue reforzado de agentes especiales de la Unidad de Traslado de Reos de Altos Riesgos, tanto dentro como fuera.
Las puertas fueron reforzadas a solicitud del tribunal para evitar cualquier incidente que pudiera presentarse.
Previo a esto, la barra de la defensa concluyó con la contrarréplica a la replica de la refutación presentada por los abogados de sus clientes y luego de estos los imputados hablaron declarándose inocentes de los cargos que les imputó el Ministerio Público.
Durante el proceso, las partes involucradas presentaron 276 pruebas tanto a cargo como a descargo, entre las cuales 201 pruebas documentales y materiales y 75 pruebas testimoniales, entre ella 25 policías.
El juicio de fondo inició el 31 agosto de 2011, por lo que su duración fue de siete meses.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal adjunta Cándida Ramos, Isidro Vásquez y Dennis Silvestre, quienes solicitaron las condenas contra los imputados.
De acuerdo a la acusación, Rodríguez Almonte, alias Job, fue uno de los que “ejecutaba” a las víctimas. Además se encargaba de robar vehículos y placas para ejecutar los crímenes, mientras que los coimputados Rojas Matos y Rodríguez Taveras eran los que dirigían la red y pagaban entre 30 y 35 dólares por la operación.
Asimismo, los investigadores identificaron a Pérez Mateo, Ortiz y Hidalgo como las personas que hacían las labores de supervisión una vez que ejecutaban a las víctimas, para asegurarse que el objetivo estaba “muerto”, en tanto que otras veces manejaban los vehículos robados que se utilizaban en los asesinatos.
Las autoridades identificaron a Moya Durán como la persona que se encargaba de transportar a los condenados al lugar de los crímenes además de reparar los vehículos que utilizaban en las operaciones.
También, conforme al expediente, Félix Medina y de la Cruz Paredes fueron los que guardaron parte de las armas AK-47 que se utilizaron los crímenes contra el ex coronel José Amado González, Omar Lantigua Polanco, Ruben Soto Hayet, Jorge Vásquez Santana y Máximo Jerónimo Paredes.
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