El colectivo Ciudadanos Contra la Corrupción o C3 se querelló formalmente este jueves contra el senador peledeísta por San Juan, Félix Bautista, a quien acusan de “soborno transnacional” mediante la entrega de recursos al entonces candidato presidencial de Haití Michel Martelly.
Santo Domingo,
Los querellantes decidieron tomarle la palabra al candidato del PLD, Danilo Medina, que instó a quienes tengan pruebas contra el senador Bautista a querellarse ante la justicia.
En la instancia los querellantes someten al también Secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por violación a la ley especial número 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Los querellantes y parte del colectivo C3 están representados por Josefina Juan viuda Pichardo (ex fiscal del Distrito Nacional), Juan Tomás Taveras Rodríguez, Rafael Percival Peña, Melvin Velázquez Then, Reemberto Pichardo Juan y Alexander Mundaray.
Aseguran que Bautista incurrió en “la práctica corrupta de entregar dinero a un funcionario público haitiano”.
Según el artículo 5 de la citada ley, el sobornante, sea una persona física, será castigado con la pena de tres a diez años de reclusión, y condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos.
En la querella mediante apoderamiento directo depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), los querellantes solicitan al máximo tribunal que designe a un juez especial en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal y que los querellantes tengan auxilio judicial durante las indagatorias.
De acuerdo con esta ley especial se considera reo de soborno transnacional a toda persona, ya sea física o jurídica, sujeta a la jurisdicción de la República Dominicana, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa, o ventaja, para dicho funcionario u otra persona.
Asimismo, condena que un funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones oficiales, en asuntos que afecten el comercio o inversión internacional.
Advirtieron que si la SCJ declara la querella inadmisible acudirán ante el Tribunal Constitucional o hasta las Cortes Internacionales.
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