DPCA podría ser una procuraduría especializada

Santo Domingo,

El Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, reveló que los decretos 322-97 que crean la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y el 223-09 que designa al director de la entidad fueron derogados, por lo que la misma pasa ahora a ser una procuraduría especializada. 

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, informó que esos decretos no existen y que está reformulando todos los mecanismos de investigación y reorientando todo el sistema.

“Hay una ley que establece las procuradurías especializadas, ya esa ley ha derogado la ley anterior y ha derogado cualquier decreto que en ese sentido se haya emitido”, aclaró.

Anunció que esto lo que quiere decir es que unidades que antes hayan funcionado como departamentos, como el de Persecución de la Corrupción, Lavado de Activos y el de Trata y Tráfico de Personas, y el caso de la Procuraduría de Medio Ambiente que está en discusión, pasarían a denominarse procuradurías especializadas de investigación.

Subrayó que esa es la nueva denominación que le da la ley Orgánica del Ministerio Público y el nuevo Estatuto, promulgado hace alrededor de un año y que está en la jornada de implementación.

Declaró que en términos normativos los resultados se comenzarán a ver probablemente este mes y en los hechos empiezan a verse en diferentes áreas, como las que tienen que ver con la corrupción y de persecución de lavado de activos.

Manifestó que el Ministerio Público será firme en todos los casos de presuntos actos de corrupción que lleva a cabo actualmente, con el propósito de que no prevalezca ningún régimen de impunidad.

“He dicho que nadie tiene derecho de quitarle ese dinero al pueblo, que lo necesita para tener mejores hospitales, para mejores escuelas, para mejorar la seguridad ciudadana, que a nuestros hijos no le roben, no le atraquen”, subrayó.

Indicó que el funcionario que se lleva RD$1,000 o RD$2,000 millones para su casa, a los fines de vivir en lujos y placeres a costa del dolor y el esfuerzo de la gente, constituye un crimen.