El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó al Ministerio de Interior y Policía (MIP), la entrega inmediata de la sede nacional del Partido Revolucionario Dominicana (PRD), a la persona de su presidente Miguel Vargas Maldonado, tras acoger el recurso de amparo interpuesto por abogados representantes.
En otra decisión, los jueces del TSE, Mariano Rodríguez Rijo, Mabel Féliz Báez, John Guiliani Valenzuela, José Manuel Hernández Peguero y Marino Mendoza Rodríguez, dispusieron el reintegro de Amable Aristy Castro, Héctor Rodríguez Pimentel y otros dirigentes expulsados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
CASO PRD
En el caso del local del PRD, los jueces emitieron el dictamen, pese al alegato de incompetencia del TSE que presentaron los abogados de la parte contraria.
En su fallo, los magistrados del TSE rechazaron el pedimento hecho por los abogados de Vargas Maldonado, de que la Policía Nacional no garantice el orden en las inmediaciones del PRD, argumentando los jueces que no pueden rechazar una condición que la ley le atribuye a esa institución que es la del mantenimiento del orden público.
Los jueces también rechazaron todos los medios de inadmisión que habían solicitado los abogados del sector del PRD que lidera el ex presidente Hipólito Mejía.
NUEVA QUERELLA DE MVM
Ayer, el presidente del PRD, Vargas Maldonado, interpuso una querella a través de sus abogados, contra siete miembros de esa organización acusados de los daños causados en el local del partido, que estima en RD$2 millones.
Los doctores Bunel Ramírez Merán, Arístides José Trejo Liranzo y José Miguel Vásquez, abogados que representan a Vargas Maldonado, interpusieron la querella ante el Departamento de Recepción de Denuncias y Querellas de la Fiscalíadel Distrito Nacional coordinada por el fiscal adjunto Carlos Vidal.
En la instancia acusan de los daños a José Antonio Rodríguez (El Pequeño); Luis Bello, Robert Arias, Diego Babado Torres, Enriquillo Reyes, Francisco Zorrilla y Robinson Rodríguez, contra quienes piden orden de arresto. En el caso de Arias, éste resultó con una herida de bala en el cuello.
Además, demandan que se que ponga en marcha la acción pública contra los acusados y que se recaben las pruebas que a la fecha no ha podido obtener el PRD, para que se les dicte medida de coerción en su contra.
Los abogados del presidente del PRD dicen en la querella que los acusados provocaron “un concierto criminal para destruir las propiedades del PRD, incluidas las puertas de su sede principal, penetrar a sus instalaciones y robar computadoras, cuadros, dinero en efectivo, equipos electrónicos y demás mobiliario, en perjuicio del querellante y actor civil”.
Igualmente, solicitaron al organismo que impongan el pago de una indemnización de 204 millones 900,000, por los daños y perjuicios.
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