Las recientes informaciones sobre las renuncias de
magistrados jueces del Poder Judicial deben causar preocupación a todos
los sectores sociales, porque implican que al interior de ese Poder del
Estado se están desarrollando procesos que pueden poner en peligro
importantes reformas en curso.
De acuerdo a los datos suministrados, los
magistrados que están abandonando sus carreras en el Poder Judicial
expresan su descontento con los niveles de compensación que obtienen por
la dedicación exclusiva a las tareas de impartir justicia, tener un
comportamiento digno y libre de todo sospecha, el manejo pulcro de sus
relaciones y ser ejemplo en su vida privada.
Al perder a estos magistrados, el Poder Judicial
se enajena de la experiencia de hombres y mujeres que han acumulado
grandes experiencias, incluso a nivel internacional, y que fueron
sometidos por más de diez años a intensivos entrenamientos y programas
de capacitación de muy alto nivel, que se ha visto reflejado en la
calidad de sus sentencias y decisiones.
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia,
Inc. (FINJUS), esta situación debe producir importantes reacciones al
interior de las estructuras del Poder Judicial para remediar en lo
inmediato el hecho de que esa institución no recibe los recursos
necesarios para atender al mejoramiento de los niveles salariales,
planes compensatorios y el apoyo económico y los recursos necesarios que
les daría a esos magistrados la tranquilidad para dedicarse de manera
continua a su misión de impartir justicia. Se ha señalado, para poner
solo un ejemplo, que los salarios de los jueces estuvieron congelados en
los últimos siete años, y que solo a finales del año pasado se produjo
un ligero incremento que no llenó las expectativas de los magistrados.
A pesar de las nuevas atribuciones asignadas al
Poder Judicial en la Constitución del 2010, el 2012 fue el año con menor
partida presupuestaria a este Poder.
En ese año, su presupuesto destinó fondos que
cubrían 45 por ciento menos de lo solicitado al Gobierno Central. Pese a
que hubo un incremento en el monto asignado en e 2013, el porcentaje
asignado al Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentra muy
distante de cumplir con el 4.10% del PIB que le a ambas instituciones.
En FINJUS entendemos que las instituciones del Sistema de Justicia
ejercen un papel de garantía del Estado de Derecho y que deben de contar
con los recursos necesarios para lograr su cometido.
El país no logrará sus metas de eficientizar la
administración de justicia y combatir la delincuencia, el crimen
organizado y la corrupción si continuamos aprobando un presupuesto cuyo
monto que no se ajuste a las necesidades que estas tareas reclaman. Si
esto no se encara con la energía y voluntad que las circunstancias
demandan, se estaría enviando al país la señal de que la reforma de la
justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho no son una prioridad
del Estado Dominicano, poniendo en juego el fortalecimiento del Poder
Judicial y las demás instituciones implicadas.
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