La Colectiva Mujer y Salud se siente consternada
por la gravedad de las denuncias en torno al escándalo de pederastia que
arropa a la Iglesia Católica y hace un llamado a las autoridades
civiles, a los medios de comunicación y a la opinión pública para que no
permitan que estos casos queden impunes.
“Hay buenas razones para temer que esto pueda
ocurrir, vistos los precedentes de impunidad en casos similares y el
comportamiento exhibido hasta ahora por las autoridades civiles y
eclesiásticas”, expresan en un comunicado de prensa.
Deploran que desde el caso del albergue de San
Rafael del Yuma en Higüey, si no mucho antes, han visto a la Iglesia
Católica hacer todo lo que esté a su alcance para ocultar los abusos
sexuales imputados a sacerdotes; obstaculizar las investigaciones
policiales y judiciales, presionar los medios de comunicación para que
le bajen el perfil a sus reportajes, e interferir con denunciantes y
testigos mediante chantajes, presiones y sobornos.
Aseguran que el pronunciamiento del arzobispado de
Santo Domingo el jueves pasado, deja pocas dudas en cuanto a la
verdadera agenda de la Iglesia, “siendo motivo particular de
preocupación su insistencia en negar o minimizar las acusaciones, así
como su feroz embestida contra los medios de comunicación que se han
atrevido a investigar y dar a conocer los hechos”.
“Lo que nunca hemos visto, ni aquí ni en ninguna
parte, es a las autoridades eclesiásticas asumir un rol proactivo y de
apoyo real –y no solo verbal- a las autoridades judiciales que
investigan estos casos”, sostiene el Colectivo Mujer y Salud.
Añade que queda por verse con qué reglas va a
jugar el Ministerio Público, “cuyos miembros están constitucionalmente
obligados a aplicar las leyes sin distinción ni privilegio, al margen de
convicciones personales y lealtades religiosas”.
“La lentitud -por no decir desidia- con que se ha
estado moviendo la justicia en los casos de Bonao, Juncalito y Constanza
no da lugar a mucho optimismo, como tampoco el que ninguna autoridad
judicial se haya siquiera referido al hecho de que la jerarquía
eclesiástica conocía de las acusaciones contra Wojciech Gil y Josef
Wesolowsky, en vez de colaborar con las autoridades civiles, optaran por
destituirles de sus cargos y permitirles abandonar secretamente el
país”, sostiene la entidad feminista.
Agrega que los escándalos de pederastia y las
dudas en torno al accionar de las autoridades civiles colocan nuevamente
sobre el tapete el tema del Concordato y la necesidad urgente de
derogar esa rémora trujillista.
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