Los choferes y conductores de vehículos infractores de la Ley 241
sobre Tránsito Terrestre no podrán renovar sus licencias, según advirtió
este lunes el procurador general de la República, Francisco Domínguez
Brito.
El funcionario advirtió, además, de que el Ministerio Público procederá legalmente en contra de 131 personas desde cuyos números telefónicos realizaron llamadas molestosas al Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Refirió que los 131 casos que se han presentado por llamadas molestosas al 9-1-1 ya están debidamente instrumentadas con sus respectivas actas de investigación y la instrucción correspondiente.
Domínguez Brito adelantó que en cada uno de esos casos se asegurará la aplicación la ley, solicitando las multas reglamentarias que van desde el pago de cinco salarios mínimos hasta prisión.
Al participar en el Encuentro con los Medios y Ciudadanos que organiza cada lunes la Dirección General de Comunicación de la Procuraduría, Domínguez Brito informó también que se utilizarán las imágenes captadas mediante el Sistema de Cámara de Video Vigilancia a los fines de instrumentar los expedientes correspondientes y presentar ante la justicia a las personas sorprendidas cometiendo algún tipo de delito.
Añadió que se ha establecido un sistema que permite que la base de datos del Ministerio Público sea consultada por diferentes organismos del Estado.
“Lo que estamos diciendo es que ningún ciudadano que tenga una multa pendiente dentro del sistema por infracciones de tránsito podrá renovar la licencia de conducir. Anteriormente este requisito era exigido para la primera licencia que se expidiera”, dijo el funcionario.
Añadió que los conductores con multas pendientes de pago tampoco podrán obtener el certificado de antecedentes penales, requerido para un sinnúmero de diligencias, tras agregar que lo que se pretende con la medida es que se cumpla el imperio de la ley.
El funcionario advirtió, además, de que el Ministerio Público procederá legalmente en contra de 131 personas desde cuyos números telefónicos realizaron llamadas molestosas al Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Refirió que los 131 casos que se han presentado por llamadas molestosas al 9-1-1 ya están debidamente instrumentadas con sus respectivas actas de investigación y la instrucción correspondiente.
Domínguez Brito adelantó que en cada uno de esos casos se asegurará la aplicación la ley, solicitando las multas reglamentarias que van desde el pago de cinco salarios mínimos hasta prisión.
Al participar en el Encuentro con los Medios y Ciudadanos que organiza cada lunes la Dirección General de Comunicación de la Procuraduría, Domínguez Brito informó también que se utilizarán las imágenes captadas mediante el Sistema de Cámara de Video Vigilancia a los fines de instrumentar los expedientes correspondientes y presentar ante la justicia a las personas sorprendidas cometiendo algún tipo de delito.
Añadió que se ha establecido un sistema que permite que la base de datos del Ministerio Público sea consultada por diferentes organismos del Estado.
“Lo que estamos diciendo es que ningún ciudadano que tenga una multa pendiente dentro del sistema por infracciones de tránsito podrá renovar la licencia de conducir. Anteriormente este requisito era exigido para la primera licencia que se expidiera”, dijo el funcionario.
Añadió que los conductores con multas pendientes de pago tampoco podrán obtener el certificado de antecedentes penales, requerido para un sinnúmero de diligencias, tras agregar que lo que se pretende con la medida es que se cumpla el imperio de la ley.
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