Luego del pronunciamiento de varios sectores a
favor y en contra de la modificación del Código Penal Dominicano, el
presidente Danilo Medina devolvió este viernes con observación el
proyecto de ley que modifica la legislación, en lo referente a los
artículos 107, 108, 109 y 110, del capítulo uno del la pieza relativos a
la tipificación penal de la interrupción del embarazo.
En una comunicación dirigida al presidente la Cámara de Diputados, Abel Martínez, el jefe del Estado pidió al congresista que acoja la observación en el más breve plazo.
Especifica que el artículo 107 del proyecto de ley no satisface las exigencias que se derivan del principio de legalidad uno de los elementos de la cláusula de "constitucional del estado derecho".
La comunicación refiere, además, que “En el caso de la interrupción del embarazo como figura penal esa ausencia de precisión es palpable ya que no se indica en su contenido aquellas situaciones excepcionales que ponen en juego derechos fundamentales de mujeres embarazadas como lo constituyen el derecho a la vida y la salud, el derecho de su integridad humana, síquica y moral, constituirían auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal”.
En los últimos días diferentes sectores se habían pronunciado a favor y en contra de la promulgación del proyecto de Ley que modifica el Código Penal Dominicano.
Organizaciones feministas pedían la observación de la pieza porque en la misma se penaliza el aborto, mientras que las iglesias católicas y evangélicas recomendaron al Ejecutivo su promulgación.
En la comunicación que motiva su observación, el mandatario deplora que República Dominicana se encuentra dentro de los países de la región con mayor tasa de mortalidad materna, atribuido, principalmente a las prácticas inseguras de interrupción del embarazo.
Además, refieres que “somos uno de los países de América Latina con mayor cifra de embarazos en niñas y adolescentes; embarazos que no solo son de alto riesgo para la salud de la madre, sino que esconden a menudo situaciones de abuso y violación”.
En consecuencia, reconoce que esos factores antes citados plantea al país un problema de salud pública de primer orden, que por demás afecta de manera desproporcionada a las mujeres de escasos recursos.
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