La jueza Wendy Martínez Mejía, que conoce el expediente sobre el robo de alrededor mil kilos de cocaína incautada por la Dirección Antinarcóticos (Dican) de la Policía, libertó este lunes al mayor Ruddy Japa Álvarez, uno de los implicados en el escandaloso hecho.
Sin embargo, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra la raso Raidirys García Miranda, otra de la involucrada en el caso, a la cual envió a la cárcel Najayo Mujeres de San Cristóbal.
La jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia para el referido caso, dispuso la libertad pura y simple del oficial Japa Álvarez al rechazar la solicitud de garantía económica y presentación periódica como medida de coerción que hizo el Ministerio Público.
La defensa de éste argumentó ante la magistrada que a su defendido se le mantuvo detenido de manera ilegal, en violación al plazo constitucional de las 48 horas para que se le formulara una acusación formal de parte de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público solicitó la medida hora y media después de haberse vencido el plazo que establece el Código Procesal Penal y la Carta Magna.
Mientras que la raso García Miranda fue enviada a la cárcel Najayo Mujeres por 12 meses, como medida de coerción, y al capitán Carlos Amézquita Reynoso no se le conoció medida alguna.
El sábado pasado la magistrada Martínez dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción a cumplir en el penal de La Victoria a nueve de los acusados en el caso.
Éstos son los fiscales adjuntos Ramón Augusto Veras y Máximo Antonio Díaz Ogando; el ex director Antinarcóticos de la Policía, coronel Carlos Fernández Valerio; el director de operaciones de la DICAN, teniente coronel Humberto Paulino López; el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Gómez Cabrera, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el sargento Pedro Almánzar González y el sargento mayor Antolín de los Santos Zabala.
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