Santo Domingo, RD
El presidente de la República Danilo Medina designó ayer a Francisco Cruz como embajador alterno, y a Yomare Polanco Sánchez, como ministro consejero en la Misión Permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“El señor Francisco Cruz queda designado embajador alterno en la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, en sustitución del señor Víctor Tirado, designado mediante el artículo 1 del Decreto núm. 372-11 del 13 de junio de 2011”, dice el decreto 48-19 dado a conocer por el director general de Comunicaciones del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena.
Mientras que el artículo 2 del decreto señala que Polanco Sánchez asumirá el puesto en sustitución de Francisco Cruz, quien fue designado mediante el artículo 4 del Decreto 1377-04 del 27 de octubre de 2004.
Representación
Francisco Cruz participó como ministro Consejero el pasado jueves en la asamblea extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde fue tratada la crisis de Venezuela.
En aquel momento y en representación de República Dominicana, la posición asumida por Cruz fue la de votar por el diálogo en esa nación con la participación de todos los actores políticos venezolanos, a fin de alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos y se resuelva de manera pacífica a la actual crisis en ese país.
“Reiteramos nuestro apoyo al segundo dispositivo de la resolución del Consejo Permanente de la OEA del 10 de enero de 2019, el cual establece que solo a través del diálogo con la participación de todos los actores políticos venezolanos se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos y se resuelva de manera pacífica a la actual crisis en ese país”, expresó el ministro consejero durante la asamblea de la OEA. Wanda Méndez
El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda incluir en el presupuesto partidas para el pago por la expropiación de los terrenos donde fue construido el Jardín Botánico Nacional, que fue inaugurado en el 1976.
El TC acogió una acción de amparo interpuesta por la señora María Teresa del Cueto, viuda del propietario de los terrenos, José Velázquez Fernández, y de sus hijas María Teresa Velázquez del Cueto, María Rosa Velázquez del Cueto y Sara Velázquez del Cueto (hijas), quienes llevan más de 40 años gestionando ese pago.
El Tribunal Constitucional dispuso que el Ministerio de Hacienda incluya en la partida de su presupuesto del año 2019 y/o 2020, debidamente aprobado por el Congreso Nacional, el pago del justo valor de las parcelas número 34-B-1 y 34-C-1, Distrito Catastral número. 4, ubicadas en el sector de los Altos de Arroyo Hondo II, del Distrito Nacional, en favor y provecho de quienes correspondan en derecho.
Impuso el pago de un astreinte a favor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, a cargo del Ministerio de Hacienda, por un monto RD$10,000.00 por cada día de incumplimiento de la sentencia, computados a partir de la fecha en la cual no se realice la consignación presupuestaria.
Ordenó la exclusión del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, en el entendido de que los mismos no forman parte en este proceso.
El TC explica que el conflicto por se originó en ocasión de que el Estado dominicano ordenó la construcción del Jardín Botánico, en unos terrenos propiedad del señor José Velázquez Fernández.
Indica que producto de dicha ocupación, el señor Velásquez Fernández solicitó al Estado dominicano, vía la Administradora General de Bienes Nacionales, que el pago de sus terrenos sea realizado de dos maneras: el 50% de su valor en efectivo, y el resto en bonos del Estado, mediante una comunicación del 12 de mayo de 1973.
Detalla que la entonces administradora, Frida A. Espinal, mediante el oficio 10060, del 18 de diciembre 1978, dirigida al consultor del Poder Ejecutivo, le solicita el poder necesario, a los fines de adquirir dicho inmueble.
Puntualiza que posteriormente, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, mediante el oficio número 0437, del 18 de febrero de 2011, conminó al Ministro de Hacienda, para que procediera al pago de los inmuebles.
“Producto de múltiples diligencias y solicitudes de pago de los referidos terrenos, y transcurridos más de cuarenta (40) años, sin que, hasta la fecha, el Estado dominicano, haya realizado el pago de los mismos, las señoras María Teresa del Cueto, María Teresa Velázquez del Cueto, María Rosa Velázquez del Cueto y Sara Velázquez del Cueto, interpusieron una acción de amparo, a fin de que se condene al Estado dominicano y sus dependencias, al pago del justo precio de los referidos inmuebles”, señala el TC.
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