El escaso número de defensores públicos que existe en el país impide que las personas que se dedican a esa labor puedan cumplir con el rol que les fijan la Constitución y las leyes dominicanas y, a la vez, representa una denegación de justicia para una parte de los ciudadanos que requieren de esos servicios.
Así lo señaló este martes Andrés Mahnke, defensor nacional chileno, durante una visita de cortesía que giró al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado; junto al defensor nacional de República Dominicana, Rodolfo Valentín Santos.
Mahnke agregó que el número de defensores públicos dominicanos no es suficiente para la gran cantidad de casos que ingresan a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y la cantidad poblacional (de alrededor de 10 millones de habitantes).
Mahnke subrayó que esta situación refleja un “déficit importante”, en comparación con otros países de la región, como Chile, por ejemplo.
Al respecto, el defensor público nacional dominicano agregó que a nivel nacional la ONDP cuenta con 124 defensores públicos y 160 abogados contratados, los cuales, aseguró, son insuficientes debido a la alta demanda.
Valentín Santos destacó que sólo un defensor público tiene bajo su cargo al año entre 400 y 500 casos activos y semiactivos, lo que equivaldría a más de un caso por día.
“Evidentemente tenemos deficiencia de defensores públicos y es un tema de acceso a la justicia, ya que hay personas en pueblos muy apartados que no cuentan con defensores de calidad”, manifestó.
Subrayó que esta situación se debe a que la entidad recibe anualmente alrededor de RD$542 millones, pero que necesita adicionalmente como mínimo 100 millones de pesos, para, entre otros aspectos, ampliar la dotación de defensores públicos.
De izquierda a derecha: Rodolfo Valentín Santos, Andrés Mahnke y Persio Maldonado. (Foto: Daniel Duvergé/END)
En ese sentido, el directo de la ONDP especificó que la Constitución dominicana abre la posibilidad de que puedan asistir a las víctimas, pero con el presupuesto actual, afirmó, se les haca imposible.
“Sin defensa es imposible que exista justicia, porque toda persona en conflicto con la ley amerita que alguien le defienda ante imputaciones y persecución, como garantía constitucional”, acotó.
Santos, quien asumió el cargo en diciembre del 2018, añadió que el bajo presupuesto actual impide, además, que la institución desarrolle varios proyectos que tiene en carpeta.
Mahnke ofreció sus declaraciones a propósito de que una delegación de la Defensoría Penal Pública chilena viajara a República Dominicana para iniciar un proyecto de cooperación internacional que desarrollará con la Defensa Pública, el cual busca perfeccionar a los defensores y jueces dominicanos.
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