Colegio de Abogados respalda proyecto de ley contra corrupción

Santo Domingo,
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Diego José García, respaldó el proyecto de ley contra la corrupción sometido por el senador del PLD por Santiago, Julio César Valentín, que castiga el soborno y nepotismo con prisión de dos a cinco años, y multas de veinte a veinticinco salarios mínimos. José García informó que apoya este proyecto porque a través del mismo se busca transparentar y dignificar la gestión administrativa de los funcionarios públicos, lo que redundará en beneficios para el pueblo dominicano. El Presidente de CARD indicó que “ En estos momentos en que el director de la DPCA ha denunciado la malversación de más de 104 mil millones de pesos del erario público en actos de corrupción, se impone la necesidad de buscar mecanismos de controles que rijan a las personas que ejercen y desempeñan funciones públicas”.

García calificó de excesiva la cantidad recursos perdidos en actos de corrupción, parte de los cuales pudieron ser utilizados en obras sociales y no en beneficios personales.

Asimismo felicitó la iniciativa del senador Julio Cesar Valentín e invitó a los demás legisladores a apoyar este proyecto denominado “Ley de Integridad”, en un momento histórico para el país debido a la instalación de un nuevo orden constitucional, resaltando que esta nueva Carta Magna reafirma un abal contra el atropello, el abuso y el nepotismo en el ejercicio del poder de algunos funcionarios.

El Jurista también sugirió ajustar los salarios de los funcionarios públicos para evitar que estos sean seducidos por el soborno y tentados a cometer actos de corrupción.

Destacó que este proyecto incluye y tipifica elementos que no están sancionados en el Código Penal y abarca diferentes aspectos sobre la corrupción administrativa.

El Gremio que agrupa a los Abogados apoyó la propuesta de aplicación de penas de 10 a 15 años de prisión y una multa de 150 salarios mínimos a las personas que cometan malversación de fondos agravado, de seis a diez a los que cometan desfalcos de menor cuantía.

Además favorece condenas de dos a cinco años de prisión y una multa equivalente a veinticinco salarios mínimos para los funcionarios que reciban “dádivas”; y de un año de prisión y multa de cinco salarios mínimos a los que no cumplan con la ley de declaración jurada de sus bienes, acción que es fundamental al momento de desempeñar una función Pública.

El Presidente del CARD resaltó que “Otro de los principales puntos que apoyamos del anteproyecto de Ley de Integridad es el reprime con 10 a 15 años al funcionario público que se aproveche indebidamente, en beneficio propio o de un tercero, de trabajos o servicios pagados por la administración del Estado”.