Caracas.
La Justicia venezolana tomó ayer varias acciones en contra del jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, entre las que se cuenta la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas, aunque no se emitió una orden para su arresto.
La medida de la detención de Guaidó es esperada desde el 23 de enero cuando el parlamentario anunció ante miles de personas que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente encargado por considerar que Nicolás Maduro “usurpa” la Presidencia, tras ganar en unas cuestionadas elecciones que tacha de “fraudulentas”.
Ese mismo día, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó a la Fiscalía a “tomar medidas” de “manera inmediata” ante la “conducta delictiva” de la directiva del Parlamento, controlado por la oposición.
Sin embargo, las medidas en contra de Guaidó se produjeron una semana después de su pronunciamiento, lo que fue recibido por el jefe de la Cámara con cautela, pero que no le han impedido seguir tomando decisiones como “presidente encargado”.
El fiscal general, Tarek Saab, presentó una solicitud al Supremo para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Guaidó, sus cuentas sean bloqueadas y se le prohíba “enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles”.
Todas las peticiones de Saab fueron atendidas seis horas más tarde por el Supremo y confirmadas por su propio presidente, Maikel Moreno, al leer una escueta declaración ante los medios.
ONU: 40 muertos en Venezuela
Naciones Unidas cifró en más de 40 los fallecidos y en 850 los detenidos en torno a las protestas ocurridas la semana pasada en rechazo al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y de apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó.
A menos 26 personas murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al régimen bolivariano, destacó en rueda de prensa el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville.
Uno de los muertos era de la Guardia Nacional Bolivariana presuntamente asesinado durante las protestas.
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