El presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, desestimó ayer el acuerdo anunciado en el caso de Bahía de las Águilas y pidió al Ministerio Público defender el patrimonio en la justicia, decisión que se produce horas después del mandatario haberse reunido con directores de medios de comunicación, que le permitió conocer “cosas que no sabía” del tema, según admitió, y ante los incesantes reclamos de sectores nacionales para que el mismo fuera dejado sin efecto.
También en su mensaje anticipado en ocasión del 169 aniversario de la Independencia Nacional, el 27 de este mes, la Conferencia del Episcopado Dominicano exhortó a los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya responsabilidad es guiar los destinos de la nación, a que actúen con la suficiente voluntad política para defender el patrimonio nacional, especialmente los recursos naturales y el ecosistema, frente a inversionistas extranjeros o nacionales que atenten contra éste de manera indiscriminada y en perjuicio del bien común.
Las declaraciones de los obispos se producen en momentos en que el país enfrenta una gran confrontación, por los reclamos de sectores nacionales para que el Gobierno revise el contrato que firmó con la minera canadiense Barrick Gold, por entender que es lesivo para el Estado, al igual que el acuerdo a que arribó con personas con títulos irregulares con los cuales se repartieron los terrenos de Bahía de las Águilas.
La decisión del gobierno fue anunciada durante una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, por el director de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena.
El funcionario informó, al leer un comunicado de prensa, que las autoridades se acogerán al fallo que den los tribunales sobre la litis con los supuestos propietarios de las tierras ubicadas en el Sur profundo.
Señaló que el gobierno aguarda un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes, a cuyo cargo están las litis que afectan a los terrenos aludidos.
En el comunicado, el presidente de la República reclamó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito y a la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que asuman la responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso.
Afirmó que “nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se hayan producido sentencias definitivas que lo resuelvan”
Reiteró que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo que seguirá explorando alternativas que le permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de toda la zona, para sacar de la miseria y el abandono a cientos de ciudadanos de la zona de Enriquillo.
Se recuerda que recientemente el presidente Danilo Medina, mediante decreto, le dio poder al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, para que se desista de la demanda del Estado que perseguía recuperar esos predios.
En las negociaciones con los supuestos dueños el Gobierno acordó vender las tierras y darle un 45% del dinero y el 55 destinarlos al Estado.
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