Las Federaciones, y asociaciones de comerciantes de la zona fronteriza sostuvieron este jueves que el 80% de las empresas e industrias que operan en el Distrito Nacional, Santiago y La Romana son subsidiadas por el Estado. Citaron como ejemplo que desde el año 1937, desde la época de Trujillo, empresas como el Central Romana, disfrutan de exenciones en combustibles y otros beneficios.
Indicaron que los que computan y publican los datos económicos del país, señalan que son más de US$3,000 millones, los que por concepto de exoneraciones e incentivos reciben cada año los grandes empresarios ubicados en las grandes urbes.
Expresaron que en cambio ellos solo reciben US$30 millones al año en compensación.
Erickson Taveras, vocero de 23 organizaciones y fundaciones fronterizas que defienden la ley, explicó que según el artículo 36 de la Reforma Fiscal, el Congreso debe revisar la Ley 28-01,”lo que no implica modificarla”.
No obstante, dijo no se opone a la modificación “si es para fortalecer la Ley 28-01”.
En ese orden, entregó a los miembros de la Comisión de Frontera un documento firmado por las 23 fundaciones, asociaciones y agrupaciones comunitarias, incluyendo a los tres obispos: monseñor Diómedes Espinal, Mao-Montecristi; José Dolores Grullón, Diócesis de San Juan de la Maguana y monseñor Rafael Felipe Núñez, de Barahona, en el cual plantean su posición frente a las intenciones de modificación de la ley de Desarrollo Fronterizo.
La Comisión de Fronteras de la Cámara de Diputados debatió el tema de la Ley 28-01, sobre Exenciones Fiscales a empresas instaladas en la Región Fronteriza.
José Antonio Díaz Reyes, presidente, al dar la bienvenida a los representantes de más de 23 asociaciones y fundaciones que respaldan la vigencia de la citada ley, dijo que será el pleno de diputados quien decidirá las enmiendas a ley 28-01.
Mientras que el diputado por el Distrito Nacional, Elpidio Báez, pidió a la comisión investigar cuántas empresas están usando la Ley 28-01 como sombrilla, al señalar que “empresas instaladas en Santiago y en el Distrito Nacional reciben los beneficios de esta legislación, sin cumplir con la misma, que establece que deben estar instalada en la zona fronteriza”.
De su lado, el diputado de la provincia de Montecristi, Bernardo Alemán, dijo que es imposible que empresas que no están instaladas en la zona fronteriza obtengan los beneficios de la Ley, a menos que exista una mafia entre la Dirección General de Aduanas y esos empresarios.
Mientras que el diputado de Bahoruco, Rafael Méndez, favoreció una modificación a la Ley, siempre y cuando favorezca a las empresas instaladas en la zona fronteriza.
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