Santo Domingo,
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano
Potentini, cree que "no es momento de rasgarse las vestiduras y que
independientemente del acuerdo o desacuerdo que tengamos con la
sentencia del Tribunal Constitucional, lo cierto es que debemos respetar
y preservar la institucionalidad y en consecuencia observar y cumplir
con el precedente vinculante del Tribunal Constitucional".
En tal sentido la entidad de sociedad civil cree
oportuno el avocarse conforme a los dictados de la sentencia, a procurar
y viabilizar los correctivos que permitan garantizar y reconocer los
Derechos Humanos de los dominicanos y extranjeros, concretando un plan
nacional de regularización que permita una solución satisfactoria para
todos los involucrados.
Justicia y Transparencia tras reconocer el drama
humano que supone corregir el problema migratorio de la República
Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del
Estado durante décadas, propuso el modificar y habilitar de urgencia la
ley 1683 sobre naturalización para dar repuesta de manera focalizada a
los miles de casos de personas, que han sembrado raíces por décadas en
el país, además de estar provistos de documentos que le dan la
presunción de nacionales dominicanos, entre otros requerimientos a
considerar.
Asimismo, la entidad informó que trabaja en la
elaboración de un anteproyecto de ley para ser depositado la próxima
semana en el Congreso Nacional, contentivo de la modificación de la ley
no. 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948, a los fines de
flexibilizar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la
nacionalidad por la vía de la naturalización ordinaria y sin ningún
costo para quienes apliquen en el marco de la nueva realidad
constitucional al amparo de la sentencia referida.
La modificación incluiría una mención expresa
sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el
periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de
regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las
autoridades responsables de ejecutar dicho plan (Poder Ejecutivo,
(Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración, Junta
Central Electoral y Tribunales de la República, estos últimos para
casos muy puntuales y excepcionales), siempre trabajando en estrecha
colaboración y coordinación.
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