El Movimiento Justicia Fiscal (MJF) expresa su
inconformidad y rechazo al Proyecto de Ley de Presupuesto General del
Estado para 2014 que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y
llama a legisladores a abrir una consulta amplia con la sociedad
dominicana para modificar de forma significativa los términos de la
pieza.
Explican que el Proyecto de Ley de Presupuesto no
trae nada nuevo respecto al del 2013, y le da continuidad a un modelo
de política fiscal que mantiene un alto déficit público, que contribuye
al crecimiento de la deuda pública de forma acelerada, mantiene altas
tasas de interés, y no financia lo suficiente los servicios críticos
para la población como seguridad, justicia, servicios sociales e
infraestructura básica.
Dijeron que sorprende, la propuesta presupuestaria
del Ejecutivo para el 2014, ya que “antes que reducir el déficit
público, aún de forma moderada como sería recomendable, lo mantiene en
un nivel similar al de 2013 equivalente a 2.8% del PIB. Eso implica que
para el 2014, el Gobierno está previendo un déficit total de RD$ 77.7
mil millones, más de RD$ 7 mil millones que en el 2013”.
Manifestaron que para financiar ese déficit y el
gasto público en general, el Gobierno está programando recibir
financiamiento por poco menos de RD$ 190 mil millones o US$ 4,262
millones, de los cuales casi el 18% (RD$ 33.9 mil millones) serían de
bonos internos y el resto de fuentes externas como Bonos
Soberanos, créditos bilaterales y de organismos multilaterales.
Dijeron que ese nivel de déficit y de
endeudamiento incrementará la deuda pública total en el 2014 en algo
menos de US$ 3,500 millones, elevándola desde poco menos de 37% hasta
41.5% del PIB.
“Eso significa que el gobierno del presidente
Medina continúa por la senda trazada por gobiernos anteriores, en la
cual comprometen los recursos públicos del futuro para mantener un
gasto público actual que en parte es muy improductivo”, manifestaron.
En ese mismo sentido, agregaron que es
precisamente esa política la que obliga a que en el 2014 el Gobierno
esté programando pagar por concepto de intereses y amortización de
capital poco menos de RD$ 125 mil millones, equivalente a 31% de los
ingresos tributarios del país, restando valiosos recursos necesarios
para el financiamiento de servicios básicos e infraestructura.
Explican que adicionalmente, “el gobierno está
programando mantener el descomunal subsidio al sector eléctrico, para el
cual destinará casi RD$ 44 mil millones, cinco veces y media más que al
apoyo a la agropecuaria, casi 20 veces más que para la protección del
medioambiente, el equivalente al 87% de lo que gastará en salud, y dos
quintas partes de lo que gastará en educación, sin que se vislumbre una
solución definitiva a la inviabilidad financiera del sector y sin que se
adopten medidas contundentes dirigidas a reducir el fraude eléctrico,
especialmente de grandes consumidores”.
Junto a lo anterior, dicen que la propuesta de Ley
de Presupuesto para el 2014 sobresale que casi no hay cambios en la
composición del presupuesto en términos de las funciones y de las
instituciones. Con escasas excepciones, todas las instituciones y
funciones mantienen un presupuesto real (descontando la inflación)
similar al de 2013. Sólo dos ministerios verifican aumentos
presupuestarios significativos.
Estos son el de educación, con un incremento de
RD$ 9.5 mil millones y que procura cumplir con la ley y mantener el
nivel del gasto en un equivalente al 4% del PIB, y el de la Presidencia,
para el cual se propone un incremento de RD$ 5.8 mil millones, o 15%
respecto a 2013. A su vez, la asignación presupuestaria para el
Ministerio de Agricultura se reduce dramáticamente, en RD$ 3.8 millones,
equivalente a una caída de 32%, lo que supone un notable retroceso en
el apoyo al sector.
Mientras tanto, explican, el gasto improductivo en
instituciones públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de la Juventud, el Congreso Nacional con los conocidos
“barrilito” y “cofrecito” y de muchas instituciones dependientes de la
Presidencia de la República se mantiene sin que se advierta un esfuerzo
decidido por cambiar radicalmente su uso. “Con ello, se premia el
dispendio y se demuestra, nueva vez, que más peso tienen los compromisos
clientelistas que las urgencias de la población en materia de servicios
públicos”.
Sin embargo, señalaron que como nota positiva hay
que destacar que la propuesta presupuestaria recupera el gasto en
justicia, orden público y seguridad, con un incremento de 22%.
Cabe recordar que la administración de justicia ha
sido una de las funciones más descuidadas en términos presupuestarios
en los últimos años, y que la seguridad pública es una de las
preocupaciones más importantes de la población.
Adicionalmente, la función salud, especialmente en
el régimen subsidiado de la seguridad social, también recibirá mayor
apoyo presupuestario, equivalente a un 20% por encima de lo asignado en
2013.
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