Varias entidades agrupadas en el Comité Dominicano
de Solidaridad Internacional con Haití anunciaron que este lunes
iniciarán acciones legales para someter a la Justicia a todos los hijos
de haitianos que al momento de la sentencia del Tribunal Constitucional
hayan obtenido documentación de manera fraudulenta.
El foro con el tema “Análisis de la sentencia del
Tribunal Constitucional, la nacionalidad dominicana a extranjeros”, en
el que participaron empresarios, políticos, juristas y sindicalistas, se
celebró este domingo en el Hotel Santo Domingo.
La agrupación dijo que lo primero que realizarán
es acudir mañana a las 2:00 de la tarde a la Junta Central Electoral
(JCE) a los fines de solicitar toda la documentación de descendientes de
haitianos que han obtenido actas de nacimiento y cédulas de forma
ilícita, llámese documentos públicos falsos, usurpación de identidad de
personas vivas, adquisición de documentos de fallecidos, lo cual la ley
sanciona y castiga como delito.
Luego interpondrá una querella en contra de este
segmento poblacional, de organizaciones no gubernamentales (ONGS) que
les hayan facilitado el proceso y hasta a funcionarios que se pruebe que
fueron cómplices de la facilitación de los referidos documentos.
De acuerdo a la sentencia del Tribunal
Constitucional, no le corresponde la nacionalidad dominicana a los
nacidos en territorio dominicano hijos de extranjeros indocumentados o
en tránsito. Esto afecta, principalmente, a decenas de miles de hijos de
haitianos que habían sido reconocidos bajo normativas precedentes a la
Constitución de 2010 y que desde 2007 la JCE les desconoce la validez de
sus documentos.
Al frente del movimiento se coloca el jurista Juan
Miguel Castillo Pantaleón, entusiasta defensor del fallo, quien
advirtió que ya que el Ministerio Público no se convierte en actor para
someter a la Justicia a estas personas este grupo se encargará de
hacerlo.
El ex juez sostuvo que con esta sentencia no hay
posibilidad alguna de apátrida y que solo al Estado dominicano le
corresponde tomar decisión de a quién le otorga su nacionalidad.
Pantaleón aclaró que nuestro país viola los
derechos humanos si no les entrega documentos a sus nacionales, pero no a
extranjeros.
Además, el Estado dominicano tiene que establecer
las reglas para controlar en la frontera la entrada de manera ilegal de
extranjeros haitianos, ya que por ella se trafica personas, mercancías y
drogas, entre otras.
Mientras, el sindicalista Pepe Abreu refutó la
posición de Trinidad y Tobago frente al tema, pues dijo que un Estado
con techo de cristal no puede decirle al país qué hacer en materia de
migración.
Resaltó que esa nación caribeña no permite que
extranjeros entren a su territorio sin contar con un contrato de trabajo
y que por esta norma han sido afectados grupos de haitianos que
intentan migrar hacia allá.
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