El Senado aprobó y convirtió en ley este miércoles el proyecto que
modifica varios artículos del Código Procesal Penal (CPP), entre los
cuales figuran el que convierte en acción pública los golpes y heridas provocados por violencia intrafamiliar.
También el que faculta a los jueces de primera instancia a conocer, de modo unipersonal, las infracciones que conlleven penas privativas de libertad de hasta cinco años.
Además establece que se impone de oficio la prisión preventiva después de dictada sentencia condenatoria en primera instancia, en infracciones que conlleven privación de libertad; pago inmediato de multa o impedimento de salida cuando se trate de penas pecuniarias, y suspensión de licencia de conducir cuando implique infracción a la ley de tránsito.
Como parte importante, establece que no es facultad de la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia.
Otro aspecto que se destaca es que los jueces de primera instancia podrán conocer, de modo unipersonal, de infracciones que conlleven penas privativas de libertad hasta cuatro años.
Se consigna la asistencia legal gratuita a la víctima y su derecho a presentar acto conclusivo y se reconoce el derecho al querellante de disponer de un número de abogados, igual al que tenga el imputado, nunca excediendo de tres.
Se le reconoce el derecho al querellante de solicitar la declaración en rebeldía del imputado, y se habilita a la víctima o querellante a demandar al imputado declarado en rebeldía y al tercero civilmente demandado por ante la jurisdicción civil.
Dispone que se le permita al actor civil ser representado por mandatario con poder especial y se amplía a doce meses el plazo adicional de duración de todo proceso penal ordinario, y se computa el inicio del plazo de duración, a partir de la solicitud de medidas de coerción o presentación de cargos.
También, se amplían los presupuestos para presumir el peligro de fuga; para imponer la prisión preventiva, y se amplía el plazo a veinte días para la ejecución de la garantía.
Fue reintroducido
Hace dos semanas la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto, y se lo devolvió. La cámara baja lo había estudiado por dos años y aprobado luego de escuchar a diversas agrupación de la sociedad civil, abogados y funcionarios del área judicial.
Fue aprobado y enviado al Senado que lo modificó, lo que provocó la protesta del procurador Francisco Domínguez Brito quien consideró que los cambios favorecían al crimen organizado.
Los senadores Charlie Marioti y Jose Rafael Vargas, miembros de la comisión designada para estudiar el proyecto, dijeron que no se hicieron ningún cambio al proyecto enviado por la Cámara de Diputados para evitar que perima, y abogaron por una cumbre entre los presidentes de las dos cámaras para que traten el asunto.
Otros proyectos
Asimismo, los senadores aprobaron el proyecto de Ley sobre Catastro Nacional.
Los legisladores sancionaron también el proyecto de ley que amplía el plazo para la importación de vehículos usados de cinco a ocho años.
Igualmente, fue aprobado el proyecto de Ley sobre Declaración Jurada de Bienes, propuesta por el senador Charles Mariotti.
También, aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre de Norge Botello Fernández las calles Caracas y Monte Cristi, entre la Calle Rafael A. Toa y la 27 de Febrero; y el que designa el Complejo Acuático Juan Pablo Duarte con el nombre de Marcos A. Díaz.
Los senadores sancionaron el convenio de sede entre el Gobierno de la República Dominicana y el Banco Europeo de Inversiones, relativo al establecimiento, privilegios e inmunidades de la delegación del banco; así como una resolución que solicita conformar el grupo parlamentario de amistad República Dominicana-Estados Unidos y una resolución que solicita conformar el grupo parlamentario de amistad República Dominicana-Haití.
También el que faculta a los jueces de primera instancia a conocer, de modo unipersonal, las infracciones que conlleven penas privativas de libertad de hasta cinco años.
Además establece que se impone de oficio la prisión preventiva después de dictada sentencia condenatoria en primera instancia, en infracciones que conlleven privación de libertad; pago inmediato de multa o impedimento de salida cuando se trate de penas pecuniarias, y suspensión de licencia de conducir cuando implique infracción a la ley de tránsito.
Como parte importante, establece que no es facultad de la Policía Nacional de solicitar orden de allanamiento para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia.
Otro aspecto que se destaca es que los jueces de primera instancia podrán conocer, de modo unipersonal, de infracciones que conlleven penas privativas de libertad hasta cuatro años.
Se consigna la asistencia legal gratuita a la víctima y su derecho a presentar acto conclusivo y se reconoce el derecho al querellante de disponer de un número de abogados, igual al que tenga el imputado, nunca excediendo de tres.
Se le reconoce el derecho al querellante de solicitar la declaración en rebeldía del imputado, y se habilita a la víctima o querellante a demandar al imputado declarado en rebeldía y al tercero civilmente demandado por ante la jurisdicción civil.
Dispone que se le permita al actor civil ser representado por mandatario con poder especial y se amplía a doce meses el plazo adicional de duración de todo proceso penal ordinario, y se computa el inicio del plazo de duración, a partir de la solicitud de medidas de coerción o presentación de cargos.
También, se amplían los presupuestos para presumir el peligro de fuga; para imponer la prisión preventiva, y se amplía el plazo a veinte días para la ejecución de la garantía.
Fue reintroducido
Hace dos semanas la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto, y se lo devolvió. La cámara baja lo había estudiado por dos años y aprobado luego de escuchar a diversas agrupación de la sociedad civil, abogados y funcionarios del área judicial.
Fue aprobado y enviado al Senado que lo modificó, lo que provocó la protesta del procurador Francisco Domínguez Brito quien consideró que los cambios favorecían al crimen organizado.
Los senadores Charlie Marioti y Jose Rafael Vargas, miembros de la comisión designada para estudiar el proyecto, dijeron que no se hicieron ningún cambio al proyecto enviado por la Cámara de Diputados para evitar que perima, y abogaron por una cumbre entre los presidentes de las dos cámaras para que traten el asunto.
Otros proyectos
Asimismo, los senadores aprobaron el proyecto de Ley sobre Catastro Nacional.
Los legisladores sancionaron también el proyecto de ley que amplía el plazo para la importación de vehículos usados de cinco a ocho años.
Igualmente, fue aprobado el proyecto de Ley sobre Declaración Jurada de Bienes, propuesta por el senador Charles Mariotti.
También, aprobaron el proyecto de ley que designa con el nombre de Norge Botello Fernández las calles Caracas y Monte Cristi, entre la Calle Rafael A. Toa y la 27 de Febrero; y el que designa el Complejo Acuático Juan Pablo Duarte con el nombre de Marcos A. Díaz.
Los senadores sancionaron el convenio de sede entre el Gobierno de la República Dominicana y el Banco Europeo de Inversiones, relativo al establecimiento, privilegios e inmunidades de la delegación del banco; así como una resolución que solicita conformar el grupo parlamentario de amistad República Dominicana-Estados Unidos y una resolución que solicita conformar el grupo parlamentario de amistad República Dominicana-Haití.
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