La sala del Primer Tribunal Colegiado de
Instrucción aplazó para el martes 9 de septiembre, el juicio contra la
imputada Odalis Catalina Ubiera Castro, ex secretaria de la Procuraduría
Fiscal Adjunta, acusada de sustraer RD$4.0 millones recibidos como
cobro correspondiente de las garantías económicas.
De acuerdo al expediente instrumentado, Ubiera Castro recibía el dinero en efectivo, debía procesarlo y enviarlo al Banco de Reservas a fin de que ingresara al Estado.
“Pero ella no completaba ese procedimiento y se quedaba con el dinero”, dijo al tribunal su antiguo jefe Cedano, quien actúa como testigo en el caso.
“Magistrado, yo no sabía que tenía en la oficina un caballo de Troya, esa joven, hija de un higüeyano honorable que fue fiscal, pedí que fuera designada y la traición ha sido muy grande, puedo decirle que cuando descubrí el desfalco, esos han sido los días más difíciles como gerente, no sabía que tenía una persona contaminada”, comentó el testigo.
La sustracción de los fondos fue descubierta en junio del 2010, cuando el abogado Ariza exigió la devolución de 500 mil pesos que había pagado por la garantía de su cliente, un imputado que más tarde fue liberado.
El hecho que “le puso los pelos de punta” al procurador adjunto Cedano, ocurrió en junio del 2010, cuando a requerimiento del doctor Ariza pidió el oficio donde constaba que su oficina había recibido los 500 mil pesos que tenía que devolver.
De acuerdo al expediente instrumentado, Ubiera Castro recibía el dinero en efectivo, debía procesarlo y enviarlo al Banco de Reservas a fin de que ingresara al Estado.
“Pero ella no completaba ese procedimiento y se quedaba con el dinero”, dijo al tribunal su antiguo jefe Cedano, quien actúa como testigo en el caso.
“Magistrado, yo no sabía que tenía en la oficina un caballo de Troya, esa joven, hija de un higüeyano honorable que fue fiscal, pedí que fuera designada y la traición ha sido muy grande, puedo decirle que cuando descubrí el desfalco, esos han sido los días más difíciles como gerente, no sabía que tenía una persona contaminada”, comentó el testigo.
La sustracción de los fondos fue descubierta en junio del 2010, cuando el abogado Ariza exigió la devolución de 500 mil pesos que había pagado por la garantía de su cliente, un imputado que más tarde fue liberado.
El hecho que “le puso los pelos de punta” al procurador adjunto Cedano, ocurrió en junio del 2010, cuando a requerimiento del doctor Ariza pidió el oficio donde constaba que su oficina había recibido los 500 mil pesos que tenía que devolver.
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