Santo Domingo,
El control de las rutas del transporte de carga y pasajeros ha enfrentado durante años a los gremios sindicales y empresariales en torno a la legalidad o no que pueda tener el dominio que ejercen los primeros sobre el tránsito de vehículos con estos propósitos a través de las distintas vías del territorio nacional.
Esa pugna se ha exacerbado en los últimos días con el sometimiento de una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, hecho por más de 80 organizaciones agrupadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), contra los ministerios de Trabajo, de Industria y Comercio, de Defensa, de Interior y Policía, de Turismo, la Policía Nacional y Oficina Técnica del Transporte Terrestre.
La queja de los empresarios se basa en las normativas legales que prohíben el establecimiento de monopolios en el comercio y reclaman que “se tutelen los derechos fundamentales a la libertad de empresa, libertad de contratación, libre competencia y libertad de tránsito de todos los accionantes”, de acuerdo con los abogados del CONEP, Eduardo Jorge Prats y Luis Antonio Sousa Duvergé.
Mientras que por parte de los sindicatos del transporte, el abogado de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), Ángel Lockward, entiende que los reclamos del CONEP carecen de sentido.
“Se está pasando de un sector que es un desorden, a la comisión de abusos en contra de ese sector que va a ser peor después”, asegura el abogado de Conatra, quien recomienda a las empresas agrupadas en el CONEP a “sacar licencias” si desean ser compañías del transporte.
Para el diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tobías Crespo, los problemas en el transporte están vinculados esencialmente a la inexistencia de una ley que regule el transporte terrestre y la manera “caótica” y “dispersa” de las distintas entidades que tienen que ver con el ordenamiento y el control del tránsito en las vías.
Autor del Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana que se conoce en el Congreso, el legislador critica la falta de protagonismo que ha tenido el Estado para jugar un papel de regulador en el transporte terrestre.
Aunque el proyecto propuesto por el diputado peledeísta establece en su artículo 10 la libre competencia, este evita hacer comentarios acerca del monopolio dentro de este sector por considerar que esto compete a otras instituciones del Estado encargadas de regular las relaciones comerciales.
“Más que un monopolio, lo que existen son prácticas anticompetitivas”, afirman Prats y Sousa Duvergé, cuestionados acerca de si existe realmente en el país un sector que ejerza un control absoluto sobre el transporte en República Dominicana. El vicepresidente ejecutivo de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), Ricardo Rosario, reclama que no puedan participar con sus propias unidades para transportar las cargas que reciben en los muelles debido a que tienen que “otorgárselas” a la Federación Nacional del Transporte Dominicano (Fenatrado), que -asegura- controla aproximadamente el 70% de las cantidades que son desembarcadas en los puertos, principalmente en Haina y Caucedo.
Explica que transportar un furgón al Distrito Nacional desde Haina cuesta RD$12,000; desde Barahona RD$30,000 y de La Romana a Santiago RD$40,000.
El presidente de Conatra, Antonio Marte, ha reiterado el supuesto interés que tienen los miembros del CONEP de “adueñarse” del transporte de carga, de pasajeros y el turístico y de las presuntas acciones desde el Gobierno para materializar dicho objetivo.
El tribunal del TSA, presidido por Diógenes Villalona, tiene pautado para el próximo día 15 de noviembre el conocimiento del recurso de amparo interpuesto por el CONEP.
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